miércoles, 22 de febrero de 2017

Si se provee de conformidad, no será justicia: preocupación por la denuncia de Triaca a los camaristas Marino y Arias Gibert

Como grupo de abogados comprometidos con la justicia, debemos hacernos eco de la vergonzosa noticia que demuestra a todas luces la arbitraria y temeraria intención del gobierno nacional de realizarles un juicio político a los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert del fuero Laboral por el hecho de respaldar jurídicamente el pago del aumento a los empleados bancarios, acordado en paritarias por encima del techo del 18% propuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual haya su genesis y es fruto de una extensa y tediosa negociación en la sede de dicha repartición ministerial, encabezada por un lado por el dirigente sindical Sergio Palazzo y por el otro por el sector empresarial de la mentada actividad.

 
Cabe destacar, que esta situación se dá en el marco del conflicto salarial acaecido la semana pasada, en el cual se iba a llevar a cabo un paro de 72 horas como medida de protesta, frente al incumplimiento de la homologación administrativa del acuerdo salarial acordado en paritarias en noviembre del año pasado. 

 
La cifra acordada, a pesar de las presiones del ejecutivo es del 24,3% con un sueldo base que llegará a los $25.500, incluyéndose además, una “cláusula gatillo” para los meses de junio y octubre para que en el hipotético caso de que la inflación aumente por encima de esa cifra, se pueda ajustar automáticamente el salario de los activos. 

 
Frente a esta situación, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, acudió al Consejo de la Magistratura de la Nación para darle cauce al enjuiciamiento de los camaristas antes mencionados acusándolos de falta de idoneidad, mal desempeño, negligencia, falta de imparcialidad, arbitrariedad y quebrantamiento de los principios constitucionales. 

 
Esta situación da cuenta del terreno que, lamentablemente, las autoridades de la administración nacional vienen abonando desde hace un tiempo, un terreno hostil , de autoritarismo disciplinador y ejemplificador, frente a quienes no acaten/concuerden con sus “tácitas órdenes”.
A nuestro entender, y en detrimento del sistema de “Frenos y Contrapesos repúblicano” dicha incoación de juicio político a jueces independientes, trae inexorablemente una gravedad constitucional de ribetes incalculables, que, como facilmente se puede apreciar atenta contra el principio de la división de poderes. 

 
Es claro y atendible la implacable búsqueda de “amedrentamiento” a aquellos elementos del sistema judicial que fallen en favor de los trabajadores y en desmedro de aquellas errantes políticas tendientes a exacerbar un neoliberalismo economico que agiganta la ya natural brecha y relación asimetrica entre empleado y empleador.

 
Comprendemos que estas circunstancias no innovan en la atmosfera judicial imperante ya que el año pasado hemos sido testigos como sociedad de lo que ha ocurrido en otros fueros como por ejemplo con la Jueza Forns de San Martín o el Juez Arias de La Plata los cuales han tenido que correr con analoga suerte que los camaristas hoy injustamente atacados.

 
Pareciera ya que con este tipo de acciones, no importara “que es justo e injusto”, "que imponen las leyes y que no", solo se demuestra un desmesurado interés en imponer una pseudo “justicia” basándose en sus propios parámetros, en detrimento de los trabajadores y, (como venimos denunciando hace tiempo) flexibilizando de a poco las condiciones laborales.

 
Sin lugar a dudas, el derecho argentino está atravesando un deterioro nunca antes visto y una crisis “existencial”; dicho de otro modo el propio colega Dr Enrique Gibert afirmó que “en más de treinta años de ejercicio de la profesión jamás vió algo semejante, y que en caso de que el gobierno no dé marcha atrás con esta decisión, Argentina estará coexistiendo con una policía de pensamiento”.

 
Desde “Nace un Derecho” manifestamos nuestra máxima preocupación y repudiamos con toda la firmeza posible este descalabrado retroceso judicial, que avasalla en pleno con derechos y garantías constitucionales plasmadas en nuestra Constitución y sirve de ariete para atentar contra la independencia, el saber y el entender de los jueces de la Nación.

domingo, 19 de febrero de 2017

Bassano: “Vivimos una realidad severa creada por la miopía política de un gobierno”



El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Osvaldo Bassano, advirtió que los nuevos aumentos dispuestos por el Gobierno nacional en el transporte público y en los servicios de gas, agua y luz “están excediendo la ecuación financiera de los ingresosque tiene un consumidor o usuario”, y arremetió: “Vivimos una realidad severa creada por una miopía política de un gobierno que no ve otra cosa que los balances e intereses de las empresas”. 


En diálogo con DiarioConurbano.com, el abogado sostuvo que “la situación es bastante compleja porque no solo está el aumento del transporte sino que se suma al aumento en teléfono fijo, de la telefonía celular y va a haber un aumento por parte de AySA de casi un 400 por ciento”, y advirtió que “todos estos aumentos en servicios públicos, en servicio de comunicación y de transporte están excediendo al ecuación financiera del ingreso del consumidor”.

 

Indicó, asimismo, que “los ingresos del 80 por ciento de la población entre los 8 mil u 11 mil peso, un ingreso bajo, y si se suman los aumento, el 50 por ciento del ingreso de los trabajadores se va en pagar servicios públicos, de comunicación y transporte” y aseveró que el aumento indiscriminado de las tarifas de servicios públicos y de transporte “viola el artículo 42 de la Constitución en donde se establece que el Estado estáobligado a sostener el consumo y a proteger la economía del consumir”.

 

“Vivimos una realidad severa creada la miopía política de un Gobierno que no ve otra cosa que los balances e intereses de las empresas”, sentenció.

 

Bajo la misma línea, Bassano apuntó contra la inacción por parte de la Justicia y de los fiscales federales al remarcar que “si hubiera una justicia penal federal seria, hubieran juntada todas las causas contra los órganos de gobierno y hubieran abierto una causa de asociación ilícita entre funcionarios del gobierno y la empresas prestadoras de servicios”.
Advirtió, a su vez, que “es peligroso que un Estado se ponga en este lugar de beneficiar solo a las empresas, al menos que lo hagan apropósito para aumentar sus riquezas personales y después retirarse con todo lo saqueado” y subrayó que con el futuro aumento del 50 por ciento en el boleto de colectivo “un trabajador va a  necesitar entre mil y dos mil pesos para ir a trabajar a la Capital Federal desde el Conurbano”.

 

Disparó: “Si el pueblo no tiene Justicia y los que tienen que defender los intereses del pueblo siguen mirando para otro lado, diría que esto va terminar mal porque tenemos un corset que va terminar explotando en una situación social muy grave”.

Fuente: www.diarioconurbano.com

lunes, 13 de febrero de 2017

Extracto patriotico del día

Palabras de Tomas Guido, mejor amigo de José de San Martín, luego de instaurada la Primera Junta.

"A la Primera Junta tocaba el deber de descorrer el velo de la política opresora de la metrópoli europea, y de despertar el espíritu de independencia en una población aletargada por el abatimiento congenial a los pueblos despotizados por tres centurias. A ella incumbía la tarea de propagar los primeros elementos de los derechos sociales y políticos ignorados para la mayoría de los colonos, y echar los fundamentos de una futura nación.
Para tan intrincada labor no bastaban intenciones puras, patriotismo exaltado y aventajada ilustración; era necesario el auxilio de las inspiraciones del genio elevado a la altura de las necesidades y pelígros de la época"

GUIDO, Tomás, "Reseña histórica de los sucesos de Mayo", en Biblioteca de Mayo, Senado de la Nación, Buenos Aires, tomo V.

viernes, 3 de febrero de 2017

Nace un Derecho ratificó y amplió denuncia penal contra Aranguren frente al juzgado de Ariel Lijo

En el día de hoy, los abogados comprometidos con los derechos del pueblo ratificamos y ampliamos una denuncia penal seguida contra el Ministro de Enérgia, Ing. Juan José Aranguren frente al Juzgado Federal de Instrucción en lo Criminal y Correccional n° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo.

 
¿Por que lo denunciamos?
Ante todo, volvemos a aclarar y como siempre: en este grupo no tenemos ningún tipo de animosidad particular contra ningún funcionario público de ningún gobierno ni de ningún partido, como así tampoco contra ningún privado. Solo nos involucramos y comprometemos cuando observamos serios menoscabos y atropellos contra todo el conjunto de la sociedad.

 
La denuncia original realizada por este equipo el dia 14/12/2016 versa sobre “los incumplimientos de los Derebes de Funcionario Publico (Art. 249 del Código Penal) en el marco del denominado “Tarifazo del Gas del año 2016”.
¿De donde proviene el incumplimiento?
Esto es algo técnico y un poco complejo, si no llegamos a ser claros o no se entiende, por favor pregunten en la parte de “comentarios”.

 
Los funcionarios públicos nacionales,a raiz del Decreto PEN 1172/03 Anexo VII tienen la obligación legal de brindar respuestas e informaciones públicas solicitadas por cualquier ciudadano. Ello es así, en pos de lograr la transparencia de las instituciones democráticas en el marco de la República. Conocer los actos de gobierno acarrea per se un interés fundamental en una sociedad que pretende no permitir que intereses foráneos definan su propio porvenir por ella. Así las cosas, se han solicitado multiples pedidos de información e impugnaciones a actos administrativos sin tener la posibilidad de conocer sus respuestas, omitiendo de esta forma deberes legales propios de sus funciones en competencia, actitud esta tipificada por nuestro código punitivo.

 
Pero también, ampliamos la denuncia por el delito de desobediencia civil. En el día de hoy y por que no se trata solamente de “Denunciar por que sí” entorpeciendo el servicio de justicia, y conforme al procedimiento penal, nos dirigimos a Comodoro Py 2002 para RATIFICAR y AMPLIAR la denuncia previa. Pues bien, conforme dispone el art.239 CP, desobedecer un acto emitido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en ámbito de su competencia, implica desconocer la autoridad de quien emitio la orden. Básicamente a modo simplificado ya que no se trata de aburrir con comentarios técnicos y jurídicos la estructura del delito de desobediencia civil. 

 
De modo que el precio del gas en boca de pozo (PIST, por su sigla Precio de Ingreso al Sistema de Transporte) dejó de estar sometido a las reglas del mercado (oferta y demanda) a través del decreto 181/04, por lo cual el mismo fue sometido al control y seguimiento de la esfera administrativa y gubernamental.

 
¿Que es el PIST?
Es el precio del Gas “ya producido” que ingresa al sistema de transporte, es decir al comienzo de la cadena de comercialización, la cual termina por ejemplo, en la perilla de la hornalla de cualquier vecino.

 
¿Que hizo Aranguren?
Antes que nada, recordemos que Juan José Aranguren era el mandamás de la petrolera “Shell”, es decir que no es un paracaidista que desconoce la normativa y el paño. El mismo siendo parte de la estructura empresaria, debió discutir los precios con la Secretaría de Energía desde el 2004 al 2015.

 
En el famoso fallo “CEPIS” resuelto por la CSJN en agosto de 2016 se resolvió por unanimidad y en forma tajante, que el “objeto” de discusión y debate en el marco de la Audiencia Pública que iba a modificar la tarifa del gas debía ser (además de los factores tradicionales como el Precio del gas natural “Ya producido” en boca de pozo (PIST), el transporte y la distribución) el “COSTO DE PRODUCCIÓN” del gas, es decir cuanto le sale al pueblo “comprar” dicho producto y colocarlo en los puntos de ingreso del sistema de transporte.

 
Ahora bien, mediante las resoluciones 152 y 163/2016 el ministro de energía exhorta al ENARGAS a convocar a audiencia pública delimitando el objeto a tratar los factores tradiciones de estructuración y composición de la tarifa de gas, omitiendo sin hacer caso al fallo de la CSJN, tratar el precio de costo de producción del gas natural “antes de que ingrese al sistema de transporte”.

 
¿En que perjudicó este obrar a la gente?
En mucho. Recalcamos siempre que estamos discutiendole a alguien que sabe y mucho de este tema. Si no se discute el costo de producción del gas natural, en el marco de la audiencia pública, no se discute EL 70 POR CIENTO DEL PRECIO DE LA TARIFA QUE NOS VIENE EN LA FACTURA, desnaturalizando y transformando la convocatoria legal en un mero formalismo de caracter - apriori- delictivo.

 
Nuestro compromiso es con el pueblo, por que somos sus abogados. Sinceramente es muy frustrante llevar adelante este tema. A diario recibimos mensajes y llamados de gente que la está pasando mal, que no pueden pagar servicios básicos, que cierran sus comercios abiertos hace muchos años, que disminuyen su calidad de vida para poder pagarlos, etc. Del otro lado encontramos un ministro con dos grandes orejeras que no solo aumenta drásticamente el cuadro tarifario en todos sus niveles sino que además le indica a la población que para poder hacer afrenta al mismo deberá usar por ejemplo la televisión 4hs por día o lavar la ropa 3 veces por semana (http://www.politicargentina.com/not..., entre otras fuentes)

 
Cuando nos preguntan “¿que hacer con el tarifazo en esta etapa?”, bueno, se trata de esto de ir codo a codo tratanto de esquivar este pésimo momento social, sin caer en los odios, en las chicanas ni en los egos, comprometiendonos, denunciando y acompañando a aquellos que humildemente y en pos de la verdad tratan de salir de esta disvaliosa situación
Acá estamos, somos Nace un Derecho, abogados de a pie y del palo y seguimos a disposición en todo lo referido a esta temática en cuanto a todo lo que podamos desde este espacio aportar.

BAJATE EL TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA HACIENDO CLICK ACÁ

Flexibilización Laboral en Argentina

Hace más de cuatro meses que venimos diciendo que tenemos que tocar un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos.

Escribimos sobre el espurio y declarado "inconstitucional" acuerdo con una multinacional para abonar sueldos por debajo del "Vital y móvil" a los jóvenes de nuestro país.

Ahora y con el nuevo decreto de necesidad y urgencia n° 54/17 firmado por nuestro Presidente podemos empezar a hablar de la "intervención" del Estado en desmedro de los derechos de los trabajadores en materia de Riesgos del Trabajo.

Te dejamos esta nota hecha por el programa M20 en la cuál el Dr. Luis Goldín explica más sobre los alcances de esta medida, para que entre todos podamos comprender la magnitud y el menoscabo social que provoca la FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.



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