Como los
servicios públicos esenciales no son una moda ni una promesa electoral, desde
marzo de este año presentamos formalmente con el patrocinio letrado del Dr.Eduardo Barcesat una denuncia penal a los efectos de que se investiguen las
impropias conductas llevadas a cabo por el Sr. Ministro de Aranguren y al
interventor del ENARGAS por incumplimiento de los deberes de funcionario
público en concurso real con el delito de desobediencia civil, todo, a raíz del
"tarifazo" en el sector gas el año pasado.
En franco
desapego a los intereses de un sector de la sociedad que no puede resistir los
embates de los grandes negociados llevados adelante por grandes grupos
concentrados de nuestra economía el juez Ariel Lijo y el juez Marijuan
desestimaron dicha denuncia, tal como lo hiciere ahora la Sala I de Cámara
Federal Apelaciones Criminal Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.
Es
por ello que, con perseverancia, constancia y fundamentalmente con “argumentos
jurídicos contundentes y sustentables” llegamos al máximo tribunal penal de
nuestro país.
El Recurso
¿Por que la denuncia?
Esta primera acción fue a raíz de la convocatoria a audiencia pública
(teatro al fin) para el tratamiento del tarifazo al consumo de gas natural.
¿Por que llegamos a Casación?
La respuesta de la Cámara de ninguna manera ha hecho énfasis en los
puntos de agravios (es decir, los cuestionamientos que hemos planteado a la
resolución de Lijo que desestimo nuestra denuncia con apoyo al dictamen fiscal)
expresados.
No expresa nada de la ilicitud de la conducta denunciada a Aranguren.
Tampoco hace análisis del delito de desobediencia civil con que denunciamos a
ambos funcionarios. Básicamente, en un enorme esfuerzo interpretativo y de
análisis judicial del caso, se limita a “copiar y pegar” lo cuestionado en la
resolución del juez Ariel Lijo, nada más.
Un extracto misterioso
Por otra parte, y acá lo increíble del día; nos apersonamos ante la mesa
de entradas de la Cámara Federal de Apelaciones para averiguar que juzgado
federal de instrucción criminal interviene en la denuncia penal por “administración
fraudulenta por administración infiel” que le achacamos al Sr. Aranguren.
Recapitulamos: dicha denuncia fue extraída (se dice técnicamente
“extracción de testimonio”) de la causa principal (esa que apelamos y nos
rechazó la Sala I) para posterior sorteo. Al día de la fecha, al no ser citados
jamás para ampliar o ratificar lo expuesto, decidimos visitar la Cámara para su
averiguación. Nos informan que en sistema no tienen nada registrado. Es decir,
en otras palabras, “el juzgado no nos trajo nada para sortear”. Bastante
inusual.
Nos apersonamos frente al juzgado de Ariel Lijo a averiguar. ¿Qué paso?:
sencillo; no han enviado dicha extracción de testimonios para su sorteo y
decidieron dejarlo “encajonado a la espera de algo” hasta el día de hoy. Las
autoridades del juzgado han tomado cartas en el asunto y cordialmente le darán
tratamiento inmediato.
Las tarifas justas y razonables son un derecho. Por
ellas vamos a
ir hasta las últimas consecuencias. Siempre hasta el final y con un trabajo
serio, coherente y constante.
Agradecemos al Instituto Sampay, en especial al Dr Cholvis y al Dr Barcesat, al ingeniero Andres Repar del Instituto Electrico Scalabrini Ortiz y del Observatorio de Tarifas y al ferreo compromiso de los dres Fernanda Muñez y Diego Encina de Nace un Derecho.
Tambien podés leer: Denuncia completa en formato .doc, CLICK AQUI.
